Para conocer el número de sentencias condenatorias y el nombre de las personas morales que prestan servicio de transporte público en el estado de Puebla, la cantidad de carpetas de investigación sobre las mismas y las personas que tiene concesiones, la diputada Nora Merino Escamilla y el diputado Gabriel Biestro Medinilla presentaron, ante el Pleno de la LX Legislatura del Congreso del Estado, un Punto de Acuerdo para que el Tribunal Superior de Justicia remita un informe a esta Soberanía al respecto.
Al hacer uso de la tribuna, la diputada Nora Merino Escamilla, explicó que, con este Punto de Acuerdo, también, buscan dar un seguimiento puntual a las concesiones otorgadas, que han estado involucradas en diversos accidentes viales.
Expuso que es constante, por parte de los servidores de transporte público, verse involucrados en accidentes de tránsito, en virtud de ser su medio de trabajo y llevar a cabo transcursos largos que les hacen estar más expuestos a esta clase de situaciones, no siempre siendo los que los ocasionan.
A razón de lo anterior, el Punto de Acuerdo propone un exhorto al Tribunal Superior de Justicia, para que remita un informe del número de sentencias condenatorias y el nombre de las personas morales que presten los servicios de transporte público; a la Fiscalía General del Estado para que remita un informe sobre el número de carpetas de investigación; y, a la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado para que remita un informe sobre las personas que tengan concesiones para prestar servicios de transporte público.
El Punto de Acuerdo fue turnado para su estudio y resolución procedente a Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia y Transportes y Movilidad.
BUSCAN QUE REMOCIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEA AUTORIZADA POR LAS DOS TERCERAS PARTES
En otro momento del orden del día, el diputado Fernando Sánchez Sasia, presentó una Iniciativa de Decreto para reformar la Ley Orgánica Municipal para “Designar, por el voto de las dos terceras partes, a propuesta del presidente Municipal, al secretario del Ayuntamiento, tesorero Municipal, contralor Municipal y al titular o titulares de las ramas del cuerpo de seguridad, quienes serán servidores públicos de confianza”.
Aseguró que las modificaciones que se proponen contribuirán a garantizar la gobernabilidad y estabilidad de los municipios, además de coadyuvar a que el ejercicio de la administración pública municipal se lleve a cabo con mayor legalidad, transparencia, eficacia y eficiencia, en beneficio de la ciudadanía.
La Iniciativa de Decreto se turnó para su estudio y resolución procedente a la Comisión de Asuntos Municipales.