Por: Yazmín Curiel
En Puebla ya estamos inmersos en el proceso electoral federal y local rumbo al domingo 6 de junio de 2027. Los órganos electorales comenzaron los preparativos para una contienda que, desde ahora, se perfila intensa por la cantidad de cargos en disputa, los intereses políticos y la promoción anticipada de quienes buscan aparecer en las boletas.
Sin embargo, considero que el principal desafío del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Instituto Electoral del Estado (IEE) no será únicamente organizar las elecciones, instalar casillas o contar los votos. El verdadero reto será recuperar y fortalecer la credibilidad de las instituciones encargadas de garantizar la democracia.
Lo digo por todo lo ocurrido con Guadalupe Taddei al frente del INE, cuya salida se produjo en medio de cuestionamientos por posibles irregularidades administrativas y conflictos de interés. Los señalamientos que rodearon su gestión colocaron nuevamente bajo la lupa la transparencia, la autonomía y la imparcialidad del árbitro electoral.
Es un asunto que no puede minimizarse. La confianza ciudadana es uno de los principales activos de cualquier institución electoral. Cuando existen dudas sobre quienes organizan las elecciones, también se abre la puerta a cuestionamientos sobre la legitimidad de sus decisiones.
*Pero Puebla tampoco está libre de antecedentes que deben llamar a la reflexión.*
Durante el proceso electoral de 2024 surgieron denuncias y señalamientos relacionados con una posible transferencia indebida de votos a Fuerza por México. Independientemente de las resoluciones que hayan tenido estos procedimientos, el episodio dejó cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades electorales locales.
Por eso, rumbo a 2027, el IEE tiene la obligación de actuar con absoluta transparencia, sin favoritismos y con criterios iguales para todas las fuerzas políticas.
No podemos hablar de democracia si los ciudadanos desconfían de quienes cuentan sus votos.
Y tampoco podemos permitir que las autoridades electorales sean omisas frente a la promoción anticipada que ya realizan algunos aspirantes a cargos de elección popular.
La pinta de bardas, la difusión de imágenes y las actividades que buscan posicionar nombres antes de los tiempos legales deben revisarse conforme a la legislación. No se trata de impedir la participación política, sino de evitar que se utilicen estrategias de promoción disfrazada para obtener ventajas frente a otros contendientes.
La ley debe aplicarse por igual, independientemente del partido político, del cargo que desempeñe una persona o de sus posibilidades de convertirse en candidata.
*La numeralía de las elecciones de 2027*
La dimensión del próximo proceso electoral permite entender la enorme responsabilidad que tendrán las autoridades encargadas de organizarlo.
Puebla cuenta con una población de 6 millones 851 mil 933 habitantes, mientras que la Lista Nominal de Electores registra 5 millones 78 mil 981 personas.
Es decir, más de cinco millones de ciudadanos forman parte del universo de electores que podrán participar en la renovación de los cargos de representación popular, siempre que mantengan vigente su inscripción en la Lista Nominal.
En el ámbito local estarán en disputa 26 diputaciones de mayoría relativa y 15 de representación proporcional, para un total de 41 curules en el Congreso del Estado.
También se renovarán las 217 presidencias municipales, 217 sindicaturas y mil 810 regidurías.
Son miles de cargos y espacios de representación política que estarán sujetos a una competencia en la que participarán 11 partidos políticos.
De acuerdo con el calendario del Instituto Electoral del Estado, las precampañas para diputaciones locales y ayuntamientos se desarrollarán del 19 al 28 de febrero de 2027.
Posteriormente, las campañas electorales comenzarán el 4 de mayo y concluirán el 2 de junio, apenas unos días antes de la jornada electoral del domingo 6 de junio.
Estas fechas son importantes porque establecen los periodos en los que los aspirantes y candidatos pueden realizar actividades políticas conforme a las reglas electorales.
De ahí que resulte indispensable revisar lo que ya ocurre en Puebla, donde algunos perfiles comenzaron a promover su imagen mucho antes del inicio formal de las precampañas.
Judith Lozano, ante su primera prueba política
En este escenario llega Judith Lozano Pérez a la presidencia del Instituto Electoral del Estado, mientras que Mari Cruz Saavedra Coraza también se incorpora como consejera electoral.
La nueva presidenta del IEE asumió el compromiso de garantizar imparcialidad, transparencia, legalidad y condiciones equitativas para los 11 partidos políticos que participarán en la contienda de 2027.
Pero una cosa son los discursos institucionales y otra, muy distinta, las decisiones que deberán tomarse cuando comiencen las controversias políticas.
En su primera intervención, Lozano Pérez sostuvo:
“La confianza ciudadana no se declara, se demuestra con hechos, con decisiones autónomas, con un actuar transparente”.
Una expresión que considero acertada, pero que también representa un compromiso que deberá cumplir desde el inicio de su gestión.
La consejera presidenta fue cuestionada sobre Guadalupe Taddei y los señalamientos que marcaron su paso por el INE. Sin embargo, evitó fijar una postura específica y destacó la importancia de mantener una relación respetuosa entre instituciones y fortalecer el acercamiento con la ciudadanía.
“Pues creo que sí es importante ahorita mantener un acercamiento con la ciudadanía, fortalecer justamente este vínculo con la ciudadanía”, respondió.
También aseguró que el organismo trabajará bajo el principio de máxima publicidad.
“El Instituto Electoral del Estado de Puebla trabajará de puertas abiertas, atendiendo al principio de máxima publicidad, transparentando las actividades que realizamos”, afirmó.
Pero la transparencia no debe quedarse únicamente en dar a conocer acuerdos, publicar documentos o convocar a conferencias de prensa.
Debe reflejarse en las decisiones, en la fiscalización y en la atención de las denuncias que puedan presentarse durante el proceso electoral.
Y ahí aparece otro de los primeros asuntos políticamente sensibles para la nueva presidenta.
Al ser cuestionada sobre la pinta de bardas y la promoción anticipada de Gabriela “La Bonita” Sánchez, aspirante a la presidencia municipal de Puebla, Lozano Pérez evitó adelantar si estas actividades podrían constituir alguna infracción electoral.
Explicó que primero deberá revisar la normatividad y conocer los asuntos pendientes del instituto.
“Pues ya estaríamos revisando la normatividad electoral. Como les he comentado, me estoy integrando a los trabajos que se están realizando en este Instituto Electoral del Estado”, respondió.
También indicó que los procedimientos relacionados con la propaganda política deberán atenderse a través de las comisiones de Fiscalización y de Quejas y Denuncias.
Es comprensible que una funcionaria recién llegada necesite conocer los expedientes, la estructura administrativa y los procedimientos en trámite.
Sin embargo, considero que eso no debe convertirse en una justificación para postergar la atención de posibles irregularidades.
La promoción anticipada de aspirantes debe analizarse con el mismo rigor que cualquier otra actividad política, sin prejuzgar sobre su legalidad, pero tampoco ignorando los cuestionamientos existentes.
El IEE tiene que demostrar que cuenta con autonomía suficiente para actuar sin importar los nombres, las siglas partidistas o las relaciones políticas de quienes buscan participar en las elecciones.
Judith Lozano también ofreció mantener una relación de puertas abiertas con los partidos políticos y garantizar condiciones equitativas de competencia.
Ese compromiso será fundamental, particularmente en una entidad donde la disputa por las presidencias municipales y las diputaciones locales comienza a tomar fuerza.
La democracia necesita árbitros, no espectadores
Las elecciones de 2027 serán una prueba para los partidos políticos, los aspirantes, las autoridades electorales y la propia ciudadanía.
La experiencia demuestra que las controversias no comienzan necesariamente el día de la votación. Muchas veces surgen meses antes, cuando aparecen las primeras denuncias por propaganda, actos anticipados de campaña, uso de recursos o posibles ventajas indebidas.
Por eso, los órganos electorales deben actuar desde ahora.
La ciudadanía necesita autoridades que investiguen, fiscalicen, transparenten sus decisiones y, cuando corresponda, sancionen las conductas contrarias a la legislación.
No basta con prometer piso parejo. Hay que garantizarlo.
Judith Lozano Pérez tiene frente a sí la oportunidad de fortalecer la credibilidad del Instituto Electoral del Estado, pero también enfrenta el riesgo de que la institución sea cuestionada si sus decisiones no responden a los principios que públicamente ha defendido.
Y si algo deben aprender los órganos electorales de los cuestionamientos que han marcado al INE y al IEE, es que la autonomía no solamente debe defenderse en los discursos, sino demostrarse en cada resolución.
Porque en 2027 no solamente estarán en juego 217 ayuntamientos y 41 diputaciones locales.
También estará en juego la confianza de millones de poblanos en las instituciones que tienen la responsabilidad de garantizar que su voto sea respetado.
Y esa, sin duda, será la verdadera prueba de los árbitros electorales.
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