DIPUTADOS APRUEBAN EN COMISIÓN , ELEVAR LAS PENAS HASTA POR 14 AÑOS DE PRISIÓN A QUIEN COMETA ASALTOS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

Con el objetivo de inhibir a la delincuencia, integrantes de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LX Legislatura del Congreso del Estado, aprobaron modificaciones al Código Penal del Estado de Puebla, para establecer prisión preventiva, eliminar la fianza y elevar las penas hasta por 14 años de prisión, para quienes lleven a cabo a asaltos con violencia al transporte público.

 

La diputada María del Carmen Cabrera Camacho preopinante de la Iniciativa, en la exposición de motivos argumentó que estas modificaciones a la ley están encaminadas a evitar que quienes cometan algún delito ya no puedan obtener su libertad.

 

Además, se tendrá que observar una reducción en la comisión de los delitos en el Estado de Puebla, el cual ha mostrado un comportamiento al alza llegando a colocar a la entidad en el tercer lugar a nivel nacional en el robo en el transporte público de acuerdo con un estudio efectuado por el Senado de la República.

 

Por su parte el diputado Gabriel Biestro Medinilla señaló que estas reformas que agravan la pena por la comisión de este delito buscan un respaldo legal y jurídico que permita a cortar los beneficios que se observan, los cuales permiten que el acusado pueda alcanzar la libertad. El diputado reconoció que este es un reclamo social de los poblanos, por ello se ha hecho un trabajo legislativo para disuadir la comisión del asalto en el transporte público. 

 

Por su parte la diputada Rocío García Olmedo en su participación en el debate sobre el tema, mostró su preocupación sobre la propuesta de iniciativa, la cual dijo, puede verse como una trasgresión a otros ordenamientos jurídicos y hasta la misma Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, al argumentar que no se están tomando en cuenta parámetros de tiempo, costo y vinculación. 

 

Por su parte, la diputada María del Carmen Cabrera Camacho explicó que la propuesta fue consensada y cuenta con la opinión de la Fiscalía General del Estado, y además comentó que estas reformas establecen una serie de condicionantes para que el detenido permanezca privado de la libertada hasta concluir el proceso y este tenga una sentencia.

 

La medida fue analizada, dictaminada y aprobada por mayoría por las y los integrantes de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

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