El Dr. Juan Antonio Le Clercq Ortega, decano de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), fue seleccionado para fungir como autor contribuyente en el Séptimo Informe de Evaluación (AR7) del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Ahí desarrollará un análisis sobre implicaciones de justicia climática para el Grupo de Trabajo II, el cual se centra en identificar los impactos, la adaptación y la vulnerabilidad en la región de Norteamérica.
“Mis funciones implicará enfocarse en una parte pequeña, en un capítulo específico, y tratar de colaborar con un grupo de expertos en el análisis de esa información científica, sintetizarla, evaluarla y sacar algunas tendencias y recomendaciones de política pública para la comunidad internacional», explicó el académico investigador UDLAP al describir sus funciones como autor contribuyente.
El IPCC es la entidad científica de la ONU responsable de realizar la evaluación periódica del estado del cambio climático, cuyos dictámenes establecen la base de los acuerdos internacionales para orientar las decisiones y estrategias nacionales ante las amenazas derivadas del fenómeno del calentamiento global. El funcionamiento del organismo se enfoca en evaluar miles de estudios científicos generados a lo largo de un lustro para dictaminar el estado real del clima y el medio ambiente. Dentro de la estructura del próximo informe AR7, el capítulo 12 evaluará la evolución de las problemáticas de México, Estados Unidos y Canadá, región en la que el especialista identificará tendencias de la discusión sobre justicia climática y sus implicaciones en la definición de una gobernanza climática más efectiva y justa.
La integración de la perspectiva de justicia climática en los reportes del organismo involucra analizar su vínculo con el diseño institucional, las estrategias de gobernanza y la política pública. El decano señaló que resulta «importante analizar criterios de justicia distributiva, cómo se distribuyen las cargas, las responsabilidades, pero también los beneficios de programas y estrategias de adaptación». Asimismo, la justicia procesal, un concepto que abarca «espacios de participación para pequeñas comunidades, ciudades, diferentes países», la «disponibilidad de información pública abierta» y el establecimiento de «medidas cautelares de protección, por ejemplo, defensores ambientales, activistas o comunidades que en muchos países están en riesgo por su labor». Finalmente, es muy importante revisar el desarrollo de justicia de reconocimiento o la integración de tradiciones, cosmovisiones y prácticas de pueblos originarios y comunidades locales, en especial en un contexto en el que su integridad territorial y sus bienes naturales son amenazados.
La elaboración del texto exige comparar las características de las tres naciones norteamericanas, contemplando las demandas de los pueblos originarios y el litigio climático. El catedrático apuntó que en la zona existe una «discusión sobre una transición energética y sostenible, efectiva y justa», proceso que demanda articular «una transición hacia políticas públicas más limpias, menos dependientes de combustibles fósiles, más amigables y que protejan ecosistemas, que cuiden la biodiversidad».
El nombramiento del decano de la Escuela de Ciencias Sociales se desprende de sus estudios e instrumentos de medición en materia ambiental y climática generados desde la UDLAP, particularmente por su gestión como coordinador del Índice de Impunidad Ambiental, así como por publicaciones específicas relacionadas con la problemática de la justicia climática. Al ponderar el papel de México frente al cambio climático, el investigador reconoció el liderazgo diplomático del país en la materia, pero también que al interior ha sido muy significativa la reducción de recursos invertidos en protección ambiental y para reducir la vulnerabilidad:
«A lo largo de la historia de este debate climático internacional, México ha sido un actor que ha trabajado consistentemente y ha impulsado en diferentes foros internacionales la necesidad de generar instrumentos más ambiciosos, metas más claras, vincularlo a procesos de adaptación y de protección de los más vulnerables».
La inclusión de los especialistas de la UDLAP en la generación de los reportes de la ONU evidencia que el conocimiento producido en la institución trasciende hacia las determinaciones de carácter global. El investigador relaciona los resultados obtenidos con el ecosistema de docencia y de estudio provisto por la universidad, manifestando: «Si yo cuento con esas publicaciones es porque soy un investigador de la universidad, que tengo un espacio para impartir clases, pero también para investigar y cuento con el respaldo de mi institución para hacerlo». Mediante el abordaje de la gobernanza y la impunidad, la UDLAP reafirma la incidencia de su cuerpo académico en las problemáticas internacionales contemporáneas.